jueves, 27 de octubre de 2011

Nuestras propuestaspara EDUCACIÓN Y CULTURA

Situación
actual
El conjunto de nuestra industria cinematográfica, teatral, musical, editorial y de artes plásticas constituye el 4% del PIB de nuestro país.
El Partido Popular está dispuesto a impulsar una iniciativa multiárea que comprenda conversaciones con el Gobierno central y con las consejerías de los Gobiernos autonómicos, con los representantes de la Federación Española de Municipios y, muy especialmente, con las Academias, organizaciones, empresarios y agentes culturales del país, a fin de acordar y firmar un Gran Pacto Nacional por la Cultura.
Una incapacidad para proporcionar a los jóvenes la formación requerida para su inserción laboral y profesional, lo que se traduce en un abrumador paro juvenil, que ya supera el 42 por 100.
Un grave fracaso escolar (30,9% en la ESO).
Una incapacidad para lograr unos niveles de excelencia en conocimientos y competencias homologables a los sistemas educativos de otros países.
Un alarmante abandono escolar prematuro sin cualificación profesional alguna (31,9%).
Graves deficiencias en el aprendizaje de las materias básicas a lo largo de las diferentes etapas educativas.
Qué piensa
el Partido
Popular
Eliminación del partidismo en las iniciativas culturales que se lleven a cabo desde las distintas administraciones del Estado.
Respeto institucional por la independencia de intelectuales, creadores y artistas, con la consiguiente ausencia de interferencias en su trabajo creativo.
Estabilidad de la legislación en materia cultural y contar con un marco regulatorio sencillo, eficaz y estable.
La industria cultural ha de ser considerada como sector clave en la creación de riqueza, calidad de vida presente y capitalización futura, así como pieza fundamental en la salida de la crisis económica.
En lo que respecta a Internet, las instituciones deben facilitar la creación de plataformas de difusión y venta de productos intelectuales a través de la red, plataformas que no culpabilicen ni castiguen al usuario, que en ningún caso presupongan el establecimiento de filtros de censura y que, al mismo tiempo, reconozcan plenamente el valor y la dignidad del trabajo de los autores.
Preparación de una Ley de Mecenazgo. Una ley que, después de su aprobación, facilitará extraordinariamente la entrada del sector privado en el sostenimiento de la industria cultural. Creemos que la Ley de Mecenazgo va a suponer una inyección de progreso y una mayor libertad para la industria y los agentes culturales.
Estableceremos por ley la garantía de la enseñanza en lengua castellana en todas las etapas educativas, posibilitando en aquellas Comunidades Autónomas que tengan, junto con la lengua oficial del Estado otra lengua cooficial, el aprendizaje en ambas lenguas.
Nos comprometemos a que nuestros hijos puedan recibir la misma educación independientemente de la Comunidades Autónomas que estudien, garantizando la igualdad de oportunidades y la movilidad geográfica.
Creemos que los padres somos los primeros responsables de la educación de nuestros hijos. No queremos imposiciones ni adoctrinamientos a través de asignaturas ideológicas obligatorias.


Potenciaremos las nuevas tecnologías y los idiomas en todo el sistema educativo. Queremos poner en marcha un Programa Integral de Aprendizaje del Inglés, que abarque desde la enseñanza temprana en la segunda etapa de la educación infantil, hasta la financiación de becas para estancias en países de habla inglesa.


Declaramos nuestro compromiso con la escuela pública y la escuela sostenida con fondos públicos, que atienden a la mayor parte de nuestros alumnos y contribuyen a garantizar el derecho constitucional a la educación.
Defendemos un Pacto educativo para la reforma y mejora de la educación en España.
Queremos elaborar un nuevo modelo de evaluación de los resultados educativos. Deben articularse pruebas censales externas de carácter nacional que permitan conocer los resultados de cada alumno, de cada centro y del sistema en su conjunto en términos homogéneos a efectos de comparación.
Defendemos la reforma de la LOE para establecer la consideración de autoridad pública de maestros y profesores en el ejercicio de sus funciones y aprobar un Estatuto Básico de la Función Pública Docente que garantice el reconocimiento social, laboral y económico de la figura del profesor.