jueves, 27 de octubre de 2011

Nuestras propuestas sobre ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

Situación
actual
Los ciudadanos demandan que la Administración esté a su servicio. Por eso hace falta un Estado organizado, con las competencias bien definidas entre las distintas Administraciones Públicas, sin duplicidades, sin burocracia y con altas dosis de coordinación. Nuestra estructura territorial no puede ser un lastre para los españoles a la hora de remontar la crisis económica.
Qué piensa
el Partido
Popular
Aprobación de una Ley de coordinación de las Administraciones Públicas que elimine las duplicidades entre ellas y aproveche al máximo sus recursos.
Aprobación de un nuevo sistema de financiación autonómica que atienda las necesidades de recursos de las Comunidades Autónomas no resueltas por el Presidente del Gobierno:

Debe ser acordado por unanimidad en el seno del Consejo de Política Social y Financiera.

Debe basarse en los principios de generalidad, suficiencia financiera, solidaridad, igualdad, corresponsabilidad fiscal y lealtad institucional.

No debe suponer una mayor carga fiscal para los ciudadanos ni financiarse con déficit público.

Debe tener estabilidad y no estar sujeto a futuras variaciones por intereses puramente partidistas.
Elaboración de un plan de simplificación de procedimientos administrativos que agilice la gestión y elimine trámites burocráticos innecesarios.

Implantación de un sistema unificado de creación de empresas en colaboración con Comunidades Autónomas.

Creación de un expediente electrónico único, que permita a cada ciudadano o empresa conocer en cada momento el estado de sus expedientes con la Administración.
Formalización de un pacto para la simplificación normativa que evite la profusión de normas de distinto ámbito que generan confusión e inseguridad jurídica en los ciudadanos.
Aprobación de una nueva Ley de calidad de los servicios públicos:

Creación de un catálogo de servicios públicos esenciales.

Establecimiento de los niveles de calidad de los servicios y las garantías de su cumplimiento. 

Fijación de las circunstancias en las que los ciudadanos tienen derecho a reclamar a las Administraciones Públicas por la incorrecta prestación de los servicios.